Alba Molina Rodríguez, enfermera
especialista en Salud Mental. Actualmente está trabajando en el Hospital de Día
de Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Sara Canga Gutiérrez, enfermera
especialista en Salud Mental. Actualmente está trabajando en el Centro de
Tratamiento Integral- La Corredoria (CTI).
Ambas participaron recientemente
en la Primera Jornada sobre Salud Mental en contextos penitenciarios organizada
por el Colegio de enfermería de Asturias, Codepa, junto al Supervisor de enfermería del Centro Penitenciario
de Asturias, Francisco Javier Cabrera Vázquez, entre otros participantes.
Contestan juntamente a esta entrevista.
Recientemente el Colegio de Enfermería de Asturias, Codepa, ha desarrollo la primera
jornada sobre salud mental en contextos penitenciarios ¿qué desafíos y
perspectivas hay al respecto?
Creemos firmemente que
el principal desafío al que nos encontramos si hablamos de Salud mental y
centros penitenciarios es el tratamiento de la doble estigmatización que sufre
este colectivo especialmente vulnerable, es decir, el ser considerados enfermos
mentales, por un lado, y delincuentes por otro. Esto nos lleva a otra de las
grandes preocupaciones, la capacidad de detección de patología y tratamiento de
la misma, que se puede ser muy limitada. Ser diagnosticado y tratado
correctamente dentro de este ámbito tan hostil puede ser una tarea muy
complicada, fomentando las desigualdades con la población general.
En cuanto a las perspectivas,
ambas abogamos por una mayor capacitación tanto del personal sanitario como del
no sanitario, con el objetivo de mejorar tanto la detección de patologías como
el tratamiento y la atención de los pacientes. Estamos seguras de que la
introducción de enfermeras especialistas, no solo en el ámbito de la salud
mental, sino por ejemplo en el comunitario, supondría un beneficio enorme tanto
para los pacientes como para la propia administración. Sabemos que para llevar
esto a cabo, sería necesario un aumento de los recursos y de programas de
intervención psicosociales y rehabilitadores, algo que personalmente creemos
que no se plantea desde los organismos centrales. Sin embargo, sí que se espera
un aumento de la coordinación entre las redes sanitarias de justicia y
penitenciaria, así como la creación de políticas de salud más efectivas.
¿Qué datos son más preocupantes en vuestro estudios sobre la salud
mental de en los centros penitenciarios?
Alba: Algo que nos preocupa
especialmente, y no solo en el ámbito penitenciario, sino en la población
general, son las altas tasas de consumo de sustancias tóxicas. Más de la mitad
de nuestra muestra, en concreto el 72,3%, declararon consumir algún tipo de
sustancia en el momento del ingreso en prisión, siendo la cocaína y el alcohol
los tóxicos más consumidos. Estos datos concuerdan con los revisados, y
refuerzan la necesidad de la creación de más espacios como la Unidad
Terapéutica Educativa (UTE), dirigida a personas con consumos perjudiciales,
brindando un modelo rehabilitador a los reclusos que allí residen.
Sara: Una de las cosas que consideramos especialmente preocupante es lo que conocemos como patología dual, es decir, la presencia de un diagnóstico psiquiátrico con la existencia de un consumo perjudicial de sustancias. Nosotras obtuvimos unos porcentajes entorno al 20%, que comparado con otras recogidas realizadas en el centro anteriormente, se aprecia un clarísimo incremento. Si analizamos los resultados, queda más que demostrado la estrecha relación entre consumos y patología mental.
¿Qué consecuencias creéis que está acarreando toda esta
problemática?
Sara: El consumo abusivo de
psicofármacos actualmente está a la orden del día. Desde la consejería se han
iniciado varias campañas para la deshabituación de la población general, y por
supuesto, las personas que residen en los centros penitenciarios tampoco se
libran del efecto. El consumo de psicofármacos recogido en la población
participante en nuestro estudio alcanzaba más de un 56%, una tasa del consumo
por encima de la población general y un aumento respeto a cifras anteriores
recogidas en el mismo centro. Acorde con el momento vital tan determinante por
el que pasan los presos, no es de extrañar que los ansiolíticos sean los
psicofármacos más consumidos.
Alba: Además, algo que nos
pareció especialmente problemático durante el desarrollo de la investigación,
fue la presencia del consumo de este tipo de tratamientos farmacológicos sin la
necesidad de existir algún tipo de diagnóstico, es decir, tanto para los
ansiolíticos, como para los antidepresivos, como para los antipsicóticos,
obtuvimos porcentajes de personas que los consumían de forma activa dentro de
la presión sin estar diagnosticados de ninguna patología relacionada con la
salud mental. Lógicamente, entendemos que en los cuadros leves o de corta
duración, quizás no sea necesario, pero con los porcentajes de patología mental
obtenidos, desgraciadamente pensamos que puede estar más relacionado con la
falta de actualización de los tratamientos o la falta de comunicación entre el
programa informático del sistema sanitario y el de instituciones penitenciaras,
por lo que muchas veces la información obtenida con relación al diagnóstico y/o
tratamiento es únicamente obtenido a través del usuario.
Hasta la fecha este tema siempre ha estado solapado ¿urge dar
visibilidad a esta problemática?
Alba: Es de vital importancia dar
visibilidad a la salud mental en los contextos penitenciarios porque se trata
de una crisis silenciosa que vulnera derechos humanos fundamentales y perpetúan
el sufrimiento de miles de personas invisibilizadas tras los muros de las
cárceles. La falta de atención psicológica adecuada no solo agrava las
condiciones de los internos, sino que también repercute en la seguridad y el
bienestar social al dificultar la reinserción y aumentar la reincidencia.
Reconocer y visibilizar este problema es un acto de justicia, humana y
responsabilidad colectiva, ya que el silencio alimenta al estigma, y es
indispensable para avanzar hacia un sistema penitenciario más digno,
rehabilitador y verdaderamente trasformador.
Sara: Toda esta problemática en relación con la salud mental provoca que la reinserción en la comunidad y la atención postpenitenciaria de las personas reclusas con enfermedad mental sea muy dificultosa, aumentado la probabilidad de reincidencia y reingreso en prisión, dando lugar al fenómeno que conocemos como “síndrome de puertas giratorias”, definido como la comisión de un hecho delictivo al poco tiempo de su excarcelación.
¿Qué apoyo están recibiendo por parte del Colegio de Enfermería de
Asturias para dar visibilidad a esta problemática?
Sara: Desde el Colegio de Enfermería
se nos han dado muchas facilidades a la hora de tratar este tema, siendo los
primeros en interesarse en él a pesar de las repercusiones sociales que
acarrea, además de organizar unas jornadas dedicadas única y exclusivamente a
este tema considerado tabú tanto para la sociedad general como para los propios
profesionales.
Alba: El Codepa nos ha dado un
altavoz para visibilizar algo que como profesionales de la salud mental nos
preocupa enormemente, y que vemos diariamente en nuestros dispositivos. Además,
gracias a ellos, hemos podido conocer asociaciones y otros profesionales, que
desarrollan proyectos de apoyo a la prisión que desconocíamos, con los que
compartir preocupaciones e inquietudes y a los cuales acudir en los casos que
consideremos oportunos.
¿Qué tipo de patologías son más frecuentes en el ámbito
penitenciario?
En el centro penitenciario de
Asturias, el 59% de la muestra recogida en el momento de la realización de
nuestro estudio presentaban al menos un diagnostico relacionado con la salud
mental. Estos datos, comparados con otras investigaciones realizadas a nivel
nacional, son superiores a los encontrados por Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias (45,6%) y a los reflejados por la Estrategia
Global de Actuación en Salud Mental (49,6%). Si comparamos estos datos con el
resto de Europa, hay países como Alemania o Inglaterra, que presentan cifras
considerablemente más altas.
El diagnostico psiquiátrico más
prevalente en nuestro centro es el trastorno por consumo de sustancias
múltiples, alcanzando un porcentaje del 47%, seguidos de los trastornos de la
personalidad, con un 9,8%, y la esquizofrenia, con un 4,6%. Esto coincide con
la totalidad de las investigaciones, que sitúan el consumo de sustancias
tóxicas también en el primer puesto.
¿Cómo se actúa ante una urgencia médica dentro del centro?
Cuando hay una urgencia médica
en el centro penitenciario, la primera figura que interviene es la enfermera,
realizando un triaje, como en los centros ordinarios, evaluando la gravedad del
problema y las distintas necesidades de la persona. Si se considera oportuno,
se solicita una evaluación médica, pero uno de los grandes problemas actuales
en este medio es la falta de profesionales clínicos, implementándose lo que
conocemos como “telemedicina” que “suple” esta carencia de manera temporal,
pero que dificulta mucho realizar una intervención adecuada en una situación de
urgencia. Esto, deja muchas veces el papel de la enfermera y de los
funcionarios de prisiones, en una posición muy complicada, ya que son los que
se encuentran acompañando al paciente y son los encargados directos de su
tratamiento.
En el caso de los pacientes de
salud mental, que es un colectivo especialmente sensible, en los que el vínculo
que se establezca con el profesional sanitario es vital para el buen pronóstico
de la patología, esta nueva forma de entender la atención a los momentos de
crisis, se aleja bastante de lo que los profesionales especializados entendemos
como unos cuidados de calidad basados en las necesidades individuales de las
personas.